El arrendador está vigilando
La presencia de cámaras de videovigilancia (CCTV) dentro o alrededor de una propiedad de alquiler es uno de los temas más controvertidos en las relaciones entre arrendadores e inquilinos. Aunque un arrendador podría argumentar que las cámaras son para la seguridad, los inquilinos suelen percibirlas como una herramienta de vigilancia inaceptable. Los Países Bajos tienen leyes de privacidad estrictas, guiadas por el RGPD (conocido localmente como la AVG), que son aplicadas por la Autoridad Holandesa de Protección de Datos (Autoriteit Persoonsgegevens). Estas leyes hacen una distinción muy clara y tajante entre medidas de seguridad aceptables y el espionaje ilegal. El principio fundamental es el derecho del inquilino a la privacidad y al disfrute tranquilo de su hogar (huurgenot), un derecho que está fuertemente protegido.
Seamos absolutamente claros: que un arrendador coloque una cámara dentro de la vivienda privada alquilada del inquilino (como la sala de estar, la cocina o un pasillo privado) es ilegal. No existe un interés legítimo que pueda contrarrestar el derecho fundamental del inquilino a la privacidad en el espacio al que llama hogar. Este acto sería considerado una grave violación de datos y una infracción de la ley de privacidad, y los inquilinos tienen recursos inmediatos para exigir su retirada o un cambio en su posición. La ley no es ambigua al respecto. El interior de una casa alquilada es un espacio privado donde el inquilino está protegido de la mirada del arrendador.
El área gris: Espacios comunes
Las reglas se vuelven más matizadas cuando las cámaras se colocan en las áreas comunes de un edificio de apartamentos, como el vestíbulo de entrada central, el ascensor, la galería, o el almacenamiento de bicicletas (fietsenstalling). Aquí, un arrendador puede justificar la vigilancia por cámara, pero solo cumpliendo un conjunto estricto de criterios:
- Interés legítimo (
Gerechtvaardigd Belang): El arrendador debe tener una razón concreta y demostrable para las cámaras, como un historial reciente de robos, vandalismo o disturbios graves. Un deseo vago de 'seguridad' no es suficiente.
- Necesidad y Proporcionalidad: La vigilancia por cámara debe ser necesaria para abordar el problema indicado, y no debe haber una forma menos invasiva de lograr el mismo objetivo. La intrusión en la privacidad de los residentes debe ser proporcional al objetivo. Por ejemplo, una cámara enfocada estrechamente en la puerta de la entrada principal es más probable que se considere proporcional que una que abarque todo el vestíbulo y supervise a quién visita a quién.
- Transparencia: El arrendador debe ser completamente transparente acerca de la vigilancia. Esto implica colocar señales claramente visibles para informar a los residentes y visitantes que están siendo filmados. El arrendador también debe tener una política de privacidad que explique por qué están las cámaras, quién puede ver las grabaciones y cuánto tiempo se almacenan (típicamente no más de 4 semanas).
Sus derechos y vías de recurso
Si eres inquilino y crees que estás siendo monitoreado de forma ilegal por las CCTV de tu arrendador, tienes un camino claro de acción. El primer paso debe ser presentar una objeción formal por escrito a tu arrendador. En esta carta, debes expresar tu objeción, hacer referencia a tu derecho a la privacidad bajo la AVG, y exigir la retirada de las cámaras o un cambio en su posición. Si el arrendador no responde o se niega a cumplir, puedes escalar el asunto presentando una queja formal ante la Autoriteit Persoonsgegevens. Esta autoridad tiene el poder de investigar, imponer multas significativas al arrendador y ordenar la retirada de las cámaras infractoras.
También es importante señalar que estas reglas se aplican también a los inquilinos. Un inquilino que instale un timbre inteligente (como Ring) que grabe la calle pública, la galería compartida o la puerta principal del vecino también está sujeto a estas leyes de privacidad. No puedes grabar más allá de tu propia propiedad privada sin una razón legítima.
En última instancia, el debate sobre CCTV es un conflicto clásico entre seguridad y privacidad. Sin embargo, la ley holandesa favorece de forma constante y firme el derecho de una persona a no ser monitoreada, especialmente dentro y alrededor de su propio hogar.
