El fin de los depósitos excesivos
Durante muchos años, el depósito de garantía (waarborgsom) fue un obstáculo significativo y no regulado en el mercado de alquiler holandés. En el sector libre, era práctica común que los propietarios exigieran depósitos equivalentes a tres, cuatro o incluso más meses de alquiler. Esta práctica creó una barrera financiera sustancial para los inquilinos, inmovilizando miles de euros y provocando disputas frecuentes sobre su devolución. No existía un máximo legal, dando a los propietarios la capacidad de exigir sumas exorbitantes, especialmente a expatriados o a aquellos considerados inquilinos de mayor riesgo. Este entorno no regulado fue un punto importante de discordia y un símbolo de la desproporción de poder en el mercado.
Esta situación cambió drásticamente con la introducción de la Ley de Buena Gestión de Arrendamientos (Wet goed verhuurderschap), que entró en vigor el 1 de julio de 2023. Esta legislación emblemática introdujo un tope claro y jurídicamente vinculante sobre la cantidad que un arrendador puede pedir como depósito de seguridad, aportando la regulación necesaria a la práctica.
La regla: Máximo de dos meses de renta base mensual
La ley es simple y explícita: para todos los nuevos contratos de alquiler firmados a partir del 1 de julio de 2023, el depósito de seguridad no puede exceder dos veces la renta base mensual (kale huur). La “renta base” es la renta básica de la propiedad en sí, excluyendo costos adicionales como cargos de servicios (servicekosten), servicios públicos u otras tasas. Por ejemplo, si la renta base de una propiedad es de 1.500 €, y los cargos de servicio son 150 €, el depósito de seguridad máximo legal es de 3.000 € (2 x 1.500 €). Cualquier cláusula contractual en un nuevo contrato de arrendamiento que exija una cantidad mayor es nula legalmente, y el inquilino no puede ser obligado a pagarla.
Propósito y Aplicación
El objetivo principal de este tope es doble: mejorar el acceso de los inquilinos al mercado de alquiler reduciendo la carga financiera inicial y reducir la posibilidad de abuso financiero por parte de los propietarios que retienen cantidades innecesariamente grandes del dinero de los inquilinos. La ley no es solo una guía; tiene dientes. Los municipios (gemeenten) tienen la tarea de hacer cumplir la norma y están facultados para imponer multas sustanciales a los propietarios que violen esta norma. Esta nueva regulación representa uno de los cambios pro-inquilinos más significativos en la reciente legislación de alquiler holandesa, con el objetivo de hacer que el mercado sea más justo y accesible. Los inquilinos que firmen nuevos contratos deben estar plenamente conscientes de este derecho y cuestionar cualquier demanda que supere el tope legal de dos meses.