El precio de una hoja de papel
Una tarifa por hacer negocios
Uno de los cargos más comunes y controvertidos que enfrentan los inquilinos es la administrative fee (administratiekosten), también conocida por nombres más específicos como 'lease initiation fee' o contractkosten. Este es un cargo único, típicamente entre 150 € y 500 €, cobrado por el agente o el arrendador por el 'servicio' de preparar el contrato de alquiler, registrar los servicios públicos y entregar las llaves. Los propietarios y agentes argumentan que este cargo cubre el tiempo y los recursos dedicados a la parte administrativa de un nuevo arrendamiento. Sin embargo, los tribunales neerlandeses han adoptado repetidamente una visión muy escéptica de esta práctica.
La prueba de la 'ventaja irrazonable'
El consenso legal es que las tareas administrativas estándar implicadas en iniciar un arrendamiento son simplemente parte del costo normal de hacer negocios del arrendador. Preparar un contrato estándar, realizar un check-in, o llamar a una empresa de servicios públicos no son servicios especiales proporcionados al inquilino; son acciones que el arrendador debe realizar para alquilar su propiedad. Por lo tanto, cobrar al inquilino una tarifa separada por estas acciones a menudo se considera una 'ventaja irrazonable' (onredelijk voordeel) según la ley y, por lo tanto, es nulo. La tarifa solo podría justificarse potencialmente si el agente realiza un servicio específico y demostrable que esté claramente en interés del inquilino y vaya más allá del procedimiento estándar. Un ejemplo podría ser si el inquilino solicita específicamente una revisión legal expedita del contrato por un tercero. En el 99% de los casos, la tarifa administrativa genérica no cumple con este criterio.
La línea borrosa con las tarifas de agencia
Muchas agencias a las que se les ha prohibido cobrar tarifas de agencia ilegales (bemiddelingskosten) simplemente las han etiquetado de nuevo como 'tarifas administrativas' en un intento de eludir la ley. Esta es una táctica transparente. Si la tarifa es sustancial (p. ej., varios cientos de euros) y es cobrada por un agente que también representa al arrendador, casi con certeza se trata de una tarifa de agencia ilegal disfrazada, independientemente de cómo la llamen. Al igual que con otras tarifas dudosas, a menudo los inquilinos pueden recuperar con éxito estos costos después de haberlos pagado al impugnarlos ante los tribunales como un cargo irrazonable y, por lo tanto, ilegal.