Impuesto al arrendador

Un impuesto sobre la vivienda social

El verhuurderheffing (impuesto al casero) fue un impuesto nacional sumamente controvertido, introducido en 2013 durante un periodo de austeridad económica y abolido el 1 de enero de 2023. Este impuesto se impuso a los propietarios—principalmente a las corporaciones de vivienda social—que poseían 50 o más viviendas de alquiler reguladas. La cuota se calculaba como un porcentaje del valor WOZ total de estas propiedades reguladas. La justificación del gobierno era que el sector de vivienda social, al ser un sector grande y intensivo en capital, debería contribuir a las finanzas nacionales. Sin embargo, el impuesto fue rechazado de inmediato y de forma contundente por casi todos dentro del propio sector de la vivienda.

Una década de controversia y su abolición

Los críticos argumentaron que el verhuurderheffing era, en la práctica, un impuesto a los inquilinos. Drenaba miles de millones de euros cada año directamente de las corporaciones de vivienda social, dinero que de otro modo podría haberse invertido en la construcción de nuevas viviendas asequibles, en mejorar la sostenibilidad de las existentes y en moderar los aumentos de alquiler. Las corporaciones de vivienda, las asociaciones de inquilinos y los ayuntamientos afirmaron consistentemente que el impuesto era una de las principales causas de la estancamiento de la construcción de vivienda social durante la década de 2010, contribuyendo directamente a la gravedad de la actual crisis de vivienda. La campaña implacable contra el impuesto finalmente tuvo éxito. Su abolición en 2023 formó parte de un acuerdo importante entre el gobierno y el sector de la vivienda, donde, a cambio de poner fin al impuesto, las corporaciones de vivienda firmaron acuerdos de rendimiento (prestatieafspraken) para aumentar masivamente el ritmo de construcción y renovación.