El término 'honorario de intermediación' es el equivalente en inglés de bemiddelingskosten (costos de intermediación).
Mientras que estas tarifas son ilegales en la mayoría de los escenarios de alquiler, existe una situación específica en la que un inquilino está legalmente obligado a pagar una tarifa a un agente: cuando el inquilino ha contratado formalmente a su propio agente inmobiliario (aanhuurmakelaar) para actuar en su nombre. En este caso, el inquilino entrega al agente una asignación formal y por escrito (opdracht tot dienstverlening) para buscar activamente en el mercado una propiedad adecuada, organizar visitas, negociar el precio y las condiciones, y revisar el contrato. Dado que el inquilino ha contratado al agente, el inquilino es el cliente y, por lo tanto, es responsable de pagar la comisión previamente acordada por el agente o el 'honorario de intermediación' al obtener un resultado exitoso. Esta es una transacción legítima para un servicio profesional prestado directamente al inquilino.
El escenario ilegal: Responder a un anuncio
Esto debe contrastarse con el escenario mucho más común e ilegal. Si encuentra una propiedad por su cuenta navegando en sitios web públicos como Pararius, Funda, o incluso el propio sitio web de un agente, y contacta al agente listado en el anuncio, ese agente está trabajando para el arrendador. El arrendador los ha contratado para encontrar un inquilino. En esta situación, el agente no puede cobrarle un 'honorario de intermediación'. Usted encontró la propiedad, no ellos. Ellos están mediando en nombre del arrendador, y el arrendador debe pagarles. Cualquier intento del agente en este escenario de cobrarle una tarifa, sin importar cómo la llame, es ilegal.
Cómo protegerse
Para protegerse, nunca firme ningún documento del agente de un arrendador que esté enmarcado como una 'asignación' para que usted encuentre una propiedad. Si decide contratar su propio aanhuurmakelaar, asegúrese de tener un contrato claro y por escrito que especifique los servicios que proporcionarán y la tarifa exacta que cobrará (a menudo un porcentaje del alquiler anual o una tarifa fija). Esta claridad distingue una relación profesional legítima de una extracción ilegal de tarifas.