Cuando los procedimientos estándar no son suficientes
La mayoría de las reubicaciones corporativas para expatriados, especialmente para migrantes altamente cualificados provenientes de fuera de la UE, siguen un camino de inmigración relativamente estándar y predecible. El empleador, como patrocinador reconocido, trabaja con una agencia de reubicación para procesar la solicitud a través del IND. Sin embargo, algunos casos presentan complejidades que quedan fuera de este procedimiento estándar. Esto podría involucrar cuestiones como una estructura familiar no tradicional (p. ej., parejas no casadas en las que la prueba de una relación duradera es compleja), rechazos previos de visa, preguntas de nacionalidad o planes para pasar del estatus de empleado a convertirse en empresario autónomo en el futuro. En tales situaciones, la experiencia procedimental de un agente de reubicación es insuficiente y se requiere asesoría legal especializada. La derivación a un abogado de inmigración es el proceso por el cual una empresa o su socio de reubicación conecta al empleado con un abogado de inmigración cualificado (abogado de inmigración).
Esta derivación es un recurso crítico cuando se enfrentan áreas grises legales. Un abogado de inmigración puede proporcionar una opinión legal formal, evaluar los riesgos de una estrategia de solicitud particular, representar al empleado en tratos con el IND y, si es necesario, gestionar apelaciones o revisiones administrativas. A diferencia de un agente de reubicación que es un experto logístico, un abogado es un defensor legal, equipado para interpretar la legislación compleja y argumentar un caso en nombre de su cliente. Para un empleado con una situación personal o profesional complicada, el acceso a tal experiencia puede marcar la diferencia entre una solicitud exitosa y una negativa.
Comprender el alcance y el costo
Cuando una empresa ofrece una derivación de un abogado de inmigración, es crucial que el empleado aclare las implicaciones financieras. El término 'derivación' puede ser ambiguo. En la mayoría de los casos, simplemente significa que la empresa recomendará una firma de abogados de confianza, pero el empleado será responsable de los honorarios legales incuridos. Un beneficio más generoso, pero más raro, es cuando la empresa acuerda cubrir los costos de la consulta legal, al menos hasta cierto límite. Dado que las tarifas legales pueden ser muy altas, esta es una distinción crítica. El empleado debe solicitar una declaración escrita clara sobre quién es responsable de pagar antes de involucrarse con los servicios del abogado.
También vale la pena recordar que la firma legal a la que se refiera probablemente mantiene una relación de larga data con el empleador o con la agencia de reubicación. Aunque esto garantiza que el abogado tiene experiencia en asuntos de inmigración corporativa, también puede crear una percepción de lealtades divididas. Un empleado escéptico podría preguntarse si el asesoramiento que reciben prioriza los intereses de la empresa (p. ej., la ruta más rápida y menos complicada) sobre las metas de inmigración personal a largo plazo del empleado. Aunque los abogados están obligados por la ética profesional a actuar en el mejor interés de su cliente, un empleado con un caso particularmente sensible o complejo puede desear buscar una segunda opinión de un abogado independiente de su propia elección, incluso si eso implica asumir el costo total él mismo. La derivación es un punto de partida valioso, pero no necesariamente la palabra final.