El mito del consentimiento 'libremente dado'
El estándar de oro del consentimiento
El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), conocido en los Países Bajos como el AVG, establece un umbral muy alto para lo que constituye un consentimiento válido. Para que el consentimiento sea legal, debe ser:
- Otorgado libremente: La persona debe tener una verdadera opción. El consentimiento no es otorgado libremente si hay un claro desequilibrio de poder o si sufrirán una consecuencia negativa por negarse.
- Específico: Un consentimiento general y abarcador no es válido. Debe consentirse para un propósito específico (p. ej., 'Doy mi consentimiento para que mis datos sean compartidos con el arrendador para la evaluación').
- Informado: Se debe decir a la persona exactamente a qué está dando su consentimiento, quién procesa los datos y con qué propósito.
- Sin ambigüedad: Debe ser una acción clara y afirmativa, como marcar una casilla. Las casillas pre-marcadas son ilegales.
- Fácil de retirar: Debe ser tan fácil retirar el consentimiento como darlo.
Este marco está diseñado para poner al individuo en control de sus datos personales.
Consentimiento en un mercado de arrendadores
En el mercado de alquiler holandés, el concepto de 'consentimiento otorgado libremente' es una ficción legal. Cuando hay 100 solicitantes para un único piso, el desequilibrio de poder es absoluto. El proceso se presenta sobre la base de 'tómelo o déjelo'. Se le pide que dé su consentimiento para un procesamiento extenso de datos, verificaciones de antecedentes y largos periodos de retención de datos. Si se niega, su solicitud se descarta. No hay una verdadera elección y, por lo tanto, no hay consentimiento legalmente válido según el espíritu del RGPD. Los solicitantes son coaccionados por las condiciones del mercado para 'consentir' a prácticas con las que nunca estarían de acuerdo en un mercado equilibrado. Aunque el formulario de consentimiento de un agente inmobiliario puede tener todas las casillas y frases legales adecuadas, está construido sobre una base de coacción económica, convirtiendo todo el proceso en un ejercicio cínico de marcar casillas legales en lugar de una protección genuina de la privacidad de la persona.