La Prueba Financiera
La prueba de ingresos es la piedra angular de cualquier solicitud de alquiler en los Países Bajos. Es el conjunto de documentos que un posible inquilino debe proporcionar para demostrar al arrendador o al agente inmobiliario que tiene ingresos estables y suficientes para cubrir el alquiler. Esto no es una investigación casual; es un requisito formal y no negociable. Los documentos estándar que se exigen incluyen:
- Un contrato de trabajo para mostrar la naturaleza y la duración de su empleo.
- Al menos tres de sus nóminas más recientes (nóminas) para demostrar un salario constante.
- A menudo, una declaración del empleador (werkgeversverklaring), un formulario estandarizado en el que su empleador confirma su posición, salario y la intención de mantenerlo como empleado.
Esta evidencia se evalúa frente a la regla financiera principal del arrendador: el requisito de ingresos (inkomenseis). Esto casi universalmente se establece en un ingreso bruto mensual equivalente a entre 3 y 4 veces el alquiler mensual base. Si el alquiler es €1,500, se espera que gane un salario bruto de al menos €4,500 al mes.
Un Instrumento Tosco y Sesgado
Desde la perspectiva de un inquilino, el proceso de presentar prueba de ingresos suele ser un ejercicio rígido de marcaje de casillas que favorece en gran medida a las personas con un contrato de trabajo tradicional y permanente (vast contract). El sistema es un instrumento tosco que está mal equipado para evaluar la estabilidad financiera de cualquier otra forma. Freelancers, emprendedores, artistas o personas que inician un nuevo negocio se enfrentan a obstáculos enormes. Sus ingresos fluctuantes o no estandarizados a menudo se miran con desconfianza y es difícil probarlos en el formato estandarizado que exigen los agentes. Incluso las personas en un periodo de prueba (proeftijd) para un nuevo trabajo pueden ser descalificadas de inmediato. Este enfoque rígido hacia un tipo específico de contrato de trabajo sirve como un filtro tosco para los arrendadores para minimizar su riesgo percibido, pero al hacerlo, excluye sistemáticamente a un amplio y creciente segmento de la fuerza laboral que es perfectamente capaz de pagar el alquiler. Es un sistema que prioriza la simplicidad administrativa para el arrendador sobre una evaluación justa de la situación financiera real del solicitante.