Los dientes del contrato: la cláusula penal
Una boetebeding, o cláusula penal, es una característica común en los contratos de alquiler neerlandeses. Es una herramienta contractual que permite al arrendador imponer una penalidad económica fija y predefinida a un inquilino por un incumplimiento específico del contrato, sin necesidad de recurrir a los tribunales para probar la cantidad exacta de daños sufridos. Los arrendadores la ven como un poderoso disuasivo para prevenir conductas indeseables como subarriendo ilegal, causar molestias o mantener mascotas que no están permitidas. Sin embargo, para los inquilinos, estas cláusulas pueden sentirse como una espada de Damocles, amenazando con multas enormes por infracciones menores. Afortunadamente, la ley neerlandesa ofrece a los inquilinos una protección significativa contra penalidades irrazonables o excesivas.
Causas comunes para una penalización
- Subarriendo ilegal: Las multas por alquilar la propiedad en plataformas como Airbnb suelen fijarse excepcionalmente altas, a veces en varios miles de euros por día.
- Molestias: Producir ruidos persistentes u otras perturbaciones a los vecinos.
- Alteraciones no autorizadas: Realizar cambios en la propiedad sin el permiso del arrendador.
- Uso prohibido: Utilizar la propiedad para actividades comerciales o ilícitas, como cultivar cannabis.
La pluma roja del juez: Moderación y nulificación
Crucialmente, una cláusula penal no es absoluta. Si un arrendador intenta hacer cumplir una boetebeding, un juez neerlandés tiene dos herramientas poderosas para proteger al inquilino:
- Moderación (
Matigingsrecht): Un juez tiene el derecho legal de moderar o reducir una penalidad si la considera excesiva dadas las circunstancias. Considerarán la gravedad de la infracción frente al tamaño de la multa. Una multa de 10.000 € por tener un gato en el apartamento durante una semana casi con seguridad sería moderada.
- Término contractual injustificado (
Onredelijk Bezwarend Beding): Recogiendo la legislación europea de protección al consumidor, un juez puede anular toda la cláusula penal si se considera un 'término contractual injustificado'. Esto suele ocurrir si la cláusula está redactada de forma vaga, favorece desproporcionadamente al arrendador, o permite al arrendador reclamar tanto la penalidad fija como reclamar daños por separado por la misma infracción (una práctica ilegal conocida como 'doble cobro'). Si una cláusula se declara injusta, se vuelve legalmente nula, y el arrendador no podrá reclamar ninguna penalidad bajo ella.